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El ministerio repartirá en Andorra otros 254 megavatios para renovables

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Más renovables para Andorra y su entorno. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Retorno Demográfico (Miteco) está dando los pasos para la concesión de otros 254 megavatios que quedaron liberados tras el cierre hace ya tres años de la térmica de carbón. Esta potencia se sumará a los 1.202 MW que se adjudicó hace un año Endesa en el concurso del nudo Mudéjar, lo que incrementaría aún más los 1.500 millones de euros que la electricidad prevé invertir en esta zona afectada por la descarbonización energética. De los nuevos activos, 100 MW ya fueron reservados en la citada puja para destinarlos a pequeñas instalaciones de autoconsumo y generación distribuida, pero los 154 restantes han aflorado tras actualizarse la capacidad de evacuación a la red de transporte en este punto.

El departamento que lidera en funciones la ministra Teresa Ribera ha abierto el plazo de audiencia e información pública de la orden reguladora del procedimiento y los requisitos para la concesión de estos derechos de accedo al nudo eléctrico de la zona minera de Teruel y de otros cuatro territorios de España que están también en procesos de transición justa por el cierre de centrales de carbón o nucleares.

En total, se otorgan 1.320 MW, de los que 151 corresponden a Garoña (Burgos), 216 a Velilla (Palencia), 90 a Lada (Asturias), y 709 a Robla (León), además de los ya mencionados de Andorra.

El borrador de la norma tiene una singularidad técnica, ya que solo podrán optar a la concesión los proyectos renovables de módulos de generación de electricidad síncronos (MGES). Este tipo de instalaciones contribuyen a la flexibilidad y la seguridad del suministro en el sistema energético. Al mismo tiempo, desde un punto de vista de estabilidad de la red, aportan de manera natural al sistema de propiedades imprescindibles para el correcto funcionamiento del mismo y para la integración de renovables.

En definitiva, son instalaciones que favorecen la calidad de la red eléctrica y garantía de suministro a los consumidores.

El objetivo es, por un lado, aflorar nueva potencia renovable y optimizar su potencial con la generación de beneficios socioeconómicos para las zonas afectadas por los cierres de centrales térmicas mediante un procedimiento para su concesión y, por otro lado, contribuir a la flexibilidad y estabilidad del sistema energético, además de favorecer la penetración de nuevas instalaciones renovables en el mismo.

Técnicamente, los MGES se definen como un conjunto indivisible de instalaciones que pueden producir energía eléctrica de forma tal que la frecuencia de la tensión generada, la velocidad del generador y la frecuencia de la tensión de la red se mantengan con una relación constante y, por tanto, estén sincronizadas. Según la normativa, estos módulos de generación estarán formados por el elemento motriz y el alternador.

El plazo para presentar alegaciones concluye el 29 de septiembre. Una vez se cierre el proceso de consulta pública, el ministerio debería aprobar la orden definitiva y, en fechas todavía por definir, se abrirá la convocatoria para otorgar los permisos de acceso y conexión a los nudos de transición justa, que se hará siguiendo el criterio de prelación temporal, según la fecha de admisión a trámite de la solicitud, no por concurrencia competitiva como ocurrió el concurso que ganó Endesa.

Instalaciones hasta 10 MW

El borrador de la orden incluye una disposición adicional única para definir el procedimiento con el que se otorgarán los 100 MW del nudo Mudéjar que se reservaron para pequeñas instalaciones de renovables de autoconsumo y generación distribuida. Inicialmente, se prevería que estos proyectos se conectarán aguas abajo, en las redes de distribución, pero finalmente lo harán también en la red de transporte, según precisaron fuentes del ministerio.

En este caso, los permisos se asignarán también por orden de prelación y la capacidad máxima a la que podrá optar cada solicitante será de 10 MW. Se admitirá solo una petición por empresa o grupo.

Las instalaciones deberán estar ubicadas dentro de los términos de los municipios que participan en la definición del Convenio de Transición Justa de Aragón. Se admite, no obstante, que hasta un 20% de la superficie ocupada pueda situarse en localidades limítrofes.

Fuente: El Periódico